El debate jurídico que rodea al denominado caso Negreira, uno de los procesos más controvertidos en el fútbol español de los últimos años, ha recibido un nuevo enfoque técnico que podría influir en la percepción pública y mediática de esta investigación.
Según el jurista Miguel Ángel Galán Castellanos, presidente del Centro Nacional de Formación de Entrenadores de Fútbol de España (CENAFE) y autor de una reciente monografía sobre el caso, no se han acreditado los elementos necesarios para calificar los hechos investigados como un delito de corrupción deportiva.
En su obra “El bulo Negreira desde el derecho penal”, Galán argumenta que, pese a los pagos efectuados por el FC Barcelona durante más de una década —que según investigaciones superan los 8 millones de euros en servicios vinculados con el exvicepresidente del Comité Técnico de Árbitros (CTA), José María Enríquez Negreira— no existen pruebas objetivas que demuestren que dichos pagos tuvieran como propósito alterar resultados o decisiones arbitrales en beneficio del club.
“El derecho penal no condena por intuiciones ni por lo que suena que alguien pudo querer, sino por hechos concretos y probados que encajen en un tipo delictivo determinado”, subraya Galán en su análisis, donde critica que muchas de las afirmaciones que han circulado en el debate mediático carecen del rigor probatorio exigido por la legislación penal española.
El caso Negreira ha mantenido durante meses en vilo a la afición del fútbol español, con múltiples declaraciones, actuaciones judiciales y posicionamientos de clubes y organismos del deporte, incluido el propio FC Barcelona, que siempre ha defendido que los pagos respondían a servicios técnicos y no a un intento de influir en el arbitraje.
El profesor Galán también subraya que la falta de correos, instrucciones explícitas, pagos vinculados a partidos concretos o patrones arbitrales concluyentes complica la acreditación de una conducta típica de corrupción deportiva, tal y como exige el artículo 286 bis 4 del Código Penal.
El proceso judicial continúa en fase de instrucción, con otras líneas de indagación abiertas y entidades deportivas y jurídicas pendientes de los próximos pasos de la causa, que ha tenido amplia repercusión no sólo en España sino también en la opinión pública internacional.